La memoria no cesa

Foto: IDHEPUCP

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Escrito por Iris Jave
Doctoranda en la Universidad Alberto Hurtado, Chile
Docente del Dpto. de CCSS de la PUCP

-Investigadora CISEPA-

La Asamblea general de las Naciones Unidas, en su resolución 72/165 del 2017 decidió proclamar cada 21 de agosto como el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, “a fin de honrar y apoyar a las víctimas y los supervivientes del terrorismo y promover y proteger el goce pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales”. El conmemorar días internacionales colabora con la generación de información, la movilización de acciones sociales y estatales y, entre otros aspectos, con la sensibilización de la sociedad acerca de las afectaciones a los derechos de las personas que aún continúan sin respuesta.

En Perú, el conflicto armado interno (1980 – 2000) iniciado por el grupo terrorista Sendero Luminoso -y seguido, luego, por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru-, generó el episodio de violencia más extenso e intenso de toda la historia peruana. En su informe final (2003), la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) estimó en 69 mil 280 las víctimas fatales del conflicto; veinte años después el Registro Único de Víctimas suma más de 200 mil las personas inscritas con diversas afectaciones, de las cuales más de 5 mil ha reportado denuncias de violencia sexual; 22 mil 551 personas permanecen desaparecidas . Estas cifras oficiales dejan en evidencia un proceso de justicia, memoria y verdad que aún no ha concluido, y aunque se han incorporado mecanismos de justicia transicional para responder a las víctimas y sobrevivientes mediante políticas públicas, estas aún no logran revertir las afectaciones y el reconocimiento estatal y social que esperan las personas sobrevivientes y la deuda que mantiene la sociedad con este periodo de nuestra historia

Frente a ello, en nuestro país se ha desarrollado diversas formas de conmemoración, materiales e inmateriales, entre memoriales, monumentos, plazas o canciones y documentos audiovisuales, que buscan recordar y ofrecer un reconocimiento a las personas que perdieron la vida pero también a las sobrevivientes que sufrieron violaciones a sus derechos humanos y a quienes se mantienen desaparecidas a causa del conflicto armado interno. Han sido sobre todo las organizaciones de víctimas y sobrevivientes las emprendedoras de los procesos de conmemoración en diversos lugares del país, como el Museo de la Memoria «Para que no se repita» de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) en Ayacucho», fundado el 2007 o, la Casa de la Memoria Viva de la Asociación Nacional de Familiares de Asesinados, Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente, Desplazados y Torturados (ANFADET), con sede en Lima, fundada el 2020. Iniciativas de conmemoración que, en medio de corrientes de negacionismo -en torno a las responsabilidades de los actores armados durante el CAI- y de terruqueo -esa lamentable creación nacional que busca estigmatizar a las propias víctimas o defensores de derechos-, mantienen viva la memoria de los que ya no están y buscan un espacio pedagógico para el encuentro con nuevas generaciones.

Resulta paradójico que las víctimas civiles, militares y policiales sean objeto de ataques y agravios acusandoles precisamente de estar vinculados al terrorismo, cuando muchas de ellas lo combatieron o sus familiares perdieron la vida a causa de ello. Por esa razón también, la CVR ha sido estigmatizada por diversos sectores de la sociedad, actores políticos y representantes de las fuerzas del orden, generando una confrontación en torno a las memorias y con ello, una deslegitimación de las demandas de las víctimas y sobrevivientes. Las tensiones y disputas entre las distintas memorias de la violencia ha generado una polarización política que incide directamente en el olvido de las víctimas y sobrevivientes que siguen buscando ser reconocidas como ciudadanas en su propio país.