La ciencia y la verdad se abren paso o cómo la historia reúne a un reciclador, una caja con restos óseos, pruebas genéticas y un caso de lesa humanidad

Las fotografías corresponden a la marcha que hicieron organizaciones de víctimas en agosto del 2013 por los 10 años de presentación del Informe Final de la CVR.

---

María Eugenia Ulfe, profesora principal
Departamento de Ciencias Sociales
- INVESTIGADORA CISEPA -

Dedicado a Raida, a Carmen Rosa, a Carolina, a Gisela, a Gloria

31 años después la verdad se abre paso, la señora Raida Cóndor encontró los restos de su hijo Armando Amaro Cóndor junto con los de Dora Oyague, Marcelino Rosales, Bertila Lozano y Felipe Flores Chipana. Los restos de Enrique Ortiz Perea fueron encontrados en Huachipa en 1993. Son seis identificados por pruebas de ADN, faltan aun cuatro. Todos estos restos corresponden al caso Cantuta, el secuestro arbitrario, la desaparición forzada y asesinato de nueve estudiantes y un profesor el día 18 de julio de 1992 en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.  Este es uno de los casos por los cuales Alberto Fujimori fue sentenciado por autoría mediata a veinticinco años de prisión.

La noticia de la identificación de los restos amerita una reflexión profunda sobre muchas de las cosas que suceden en el país. Destaco la valentía, la persistencia, la lucha por justicia, y el trabajo de décadas de los deudos del caso Cantuta y de quienes los acompañan a lo largo de estos años. Pero hoy quiero incidir y enlazar dos temas: (i) por un lado, el papel del Estado en hacer de la espera, la justicia lenta y la desidia sus mejores estrategias para no responder con diligencia a crímenes de lesa humanidad; (ii) por otro lado, el papel de la investigación científica, esa que muchas veces demora y es denostada, pero que cuando llega, es capaz de transformar vidas y la misma historia.

En 1992 parte de los restos encontrados fueron enviados por el Ministerio Público a un laboratorio inglés para el análisis genético. El único perfil que en ese momento se identificó correspondió a Felipe Flores Chipana. La caja había sido trasladada por el médico Aníbal Escalante inicialmente al London Hospital Medical College, pero luego trasladada al Servicio de Ciencias Forenses de Birmingham en Reino Unido. A través del trabajo concertado de APRODEH con una organización inglesa de derechos humanos, se logró dar con el paradero de la caja en Birmingham. La abogada Gloria Cano junto con Gisela Ortiz, como representante de los deudos del caso Cantuta, viajaron hace pocos meses para recuperar la caja y con esta, los restos. Tras meses de trabajo se ha dado con los nombres Dora Oyague, Marcelino Rosales, Bertila Lozano y Felipe Flores Chipana.

En mayo del 2022 el Equipo Forense Especializado, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia desenterraron restos en la quebrada de Chavilca. Ahí llegaron siguiendo los pasos dejados por el testimonio y croquis de Justo Arizapana, un reciclador que estuvo cerca al botadero de basura que había por la quebrada. Hubo participación de miembros del equipo del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público. Se logró encontrar un pequeño hueso correspondiente a un codo, tras los análisis genéticos se confirmó que este pertenece a Armando Amaro Cóndor.

En un trabajo que será próximamente publicado en un libro sobre comisiones de la verdad en Latinoamérica, discutimos con Camila Sastre sobre el ejercicio de violencia que se realiza de forma sistemática y estructural desde ciertas instancias del Estado peruano cuando se trata de casos de lesa humanidad. Vidas entregadas a la búsqueda tropiezan con juicios que toman décadas y muchas veces deben sentarse en tribunales y audiencias al lado de los perpetradores. Hiper burocratización, revictimización y la larga espera de sus casos es someterse al ejercicio más cruel de dominación, que usualmente se lleva a cabo sobre ciudadanos que buscan justicia, verdad y no repetición. La espera va, muchas veces, de la mano del control de información, pero lo que encontramos es también como esta también se transforma en un espacio de escucha y especialización de estos ciudadanos. No en vano hay un documental sobre búsqueda de desaparecidos en México que se titula Persistencia (dir. Anne Huffschmid & Jan-Holger Hennies, 2019) describe a madres y padres salir en la búsqueda de sus seres queridos aprendiendo y adaptando la tecnología forense. Buscar se convierte en aprender a oler (a fosfato) a través de varillas de metal si hay restos óseos y también aprender a ver en medio del desierto huesos de piedras. Hay una tecnología que se aprende en la búsqueda y se perfecciona. Ahí entra la ciencia y su método científico de la observación como base. El acompañamiento de décadas dio sus frutos, comprendieron que los restos humanos arrojan gases que huelen y que a través del olfato pueden hallar a sus seres queridos. Gisela, como otros tantos deudos que acompañan casos de lesa humanidad, se ven en la necesidad de enfrentarse al poder judicial y tener que embeberse de esa cultura política estatal, sus mecanismos, leyes escritas y, sobre todo, las no escritas.

Del otro lado tenemos a la investigación científica rigurosa y persistente, aquella que desarrolla la creatividad; la libertad para pensar que trae consigo la reflexión profunda, y cuyos resultados son vitales.

En este caso la ciencia ha devenido en la luz después de andar en largos túneles. Nada de esta historia real que he descrito en estas líneas sería posible sin la confluencia de conocimientos distintos: cada disciplina, cada persona y su tosudez, alimentaron desde su experticia con el dolor y años de cargar la tristeza sobre los hombros.

La verdad llegó con los restos óseos para confirmar lo que ya se sabía: que este no ha sido un caso aislado de violencia ocurrido en el país entre 1980 y 1992, sino que fue parte de una práctica sistemática de ejercicio de violencia perpetrada con alevosía y una cadena de mando que partió de un escuadrón de muerte -en este caso específico, el Grupo Colina-- y llegó a la cabeza –el entonces presidente Alberto Fujimori. Al mismo tiempo, este caso da cuenta del Estado, que cada vez resta presupuesto para investigación científica, que no cree en la investigación de calidad, y queda desnudo ante los hallazgos científicos. Pruebas genéticas, prácticas de memoria e historia confluyen en estas búsquedas de verdad y de justicia: pero, no deberían pasar más de treinta años para ello. Los procesos judiciales del caso siguen en curso y espera. ¿Hasta cuándo?