Noticias | 23 abril, 2025
El Perú «no» se detiene
A raíz del reciente paro de transportistas del 10 de abril, consecuencia de la gran ola de criminalidad en el país, entrevistamos a Noam López, politólogo y docente del Departamento Académico de Ciencias Sociales, para que nos brinde sus apreciaciones sobre lo que hay detrás de ese suceso.¿Podría describir la situación actual de la criminalidad y seguridad ciudadana en Perú utilizando cifras actualizadas? En particular, ¿cómo se reflejan en los datos las denuncias por extorsión, sicariato y el número de asesinatos registrados este año?
La criminalidad en el país pues, comparado con años anteriores, si lo queremos medir por victimización recogida por la Encuesta Nacional de Problemas Presupuestales o por denuncias ante la policía que se puede registrar en el sistema de información de denuncias policiales, o debido a que no tenemos un registro final de homicidios producto de que el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, que es un grupo de trabajo que depende del Consejo de Política Criminal, no ha venido generando registros de homicidios, y en su lugar tenemos el SINADEF, que es el Sistema Nacional de Funciones, pues con la información disponible, estructurada, podemos decir que, comparado con años anteriores, este 2025 se muestra como más criminal, más violento. Si nos quedamos, por ejemplo, viendo extorsión en años anteriores, 2023, 2024 la cantidad de denuncias que teníamos por este delito eran 3. 000. Luego pasaron a 5. 000 y las tasas eran bastante altas. Por ejemplo, La Libertad, que es el que te estoy contando, de 3. 000 y 5. 000 en el 2023, 2024 tenía una tasa de 239 por 100. 000 habitantes, que es altísimo. Luego está la región Lima con igual cantidad de denuncias que superaban los 1. 000 y una tasa que era de 119 por 100. 000 habitantes.
Si miramos a nivel mensual vemos, que comparativamente, este 2025 en los tres primeros meses pues ha habido más registro de denuncias por extorsión que en años anteriores. Y si bien el crecimiento de las denuncias no te dice mucho porque hay mayor victimización (claramente estamos frente a un subregistro), hay muchas más víctimas que no denuncian sin lugar a dudas, y no lo hacen por miedo a represalias, por un costo-oportunidad, porque consideran que la policía no va a resolver sus problemas y demás. Y en cuanto al SINADEF, el sistema de defunciones y los homicidios, también hemos tenido un año anterior en 2024 como uno de los años con mayor cantidad de homicidios según este registro, y a la fecha, si solamente comparamos los primeros tres meses comparando 2017 hasta el 2025, pues en esos tres primeros meses del 2025 ya hemos tenido 597 defunciones, homicidios. El año pasado en este mismo tiempo teníamos 512, en 2023 teníamos 374 y así.
Entonces, lo interesante de todo esto es que, en primer lugar, tenemos que seguir mejorando la generación y garantizar la calidad de los datos y que estos sean interoperables, altamente disponibles, estructurados y que los subregistros o los registros de poca calidad empiecen a ser la excepción y que con mecanismos de mejora continua podamos lograr que los datos, información y conocimiento que tengamos para tomar decisiones estén altamente disponibles. De la misma manera, creo que estas cifras que venimos relatando nos muestran una realidad, como dije hace un rato, bastante criminal y violenta, y creo que los cuatro delitos más álgidos, más comunes, más frecuentes son la extorsión, el secuestro, el robo agravado y los homicidios. Entonces, en este año en particular, se deben tomar decisiones para trabajar de manera proactiva en la reducción y prevención de estos delitos.
Fuera de Lima, ¿cómo se está desarrollando el crimen organizado en las diferentes regiones del país? ¿Qué dinámicas y particularidades ha identificado en estos territorios que señalen una transformación en la manifestación de la criminalidad?
El crimen organizado data fuera de Lima, e incluye a Lima como lugar de paso, de expendio o de macro comercio desde hace décadas. Principalmente marcado por el tráfico ilícito de drogas, pero qué duda cabe, la minería ilegal, la trata de personas, la tala ilegal, el tráfico de flora y fauna salvaje, el contrabando, entre otros delitos que requieren una organización compleja, ocurren fuera de Lima. Están en la Amazonía, en las fronteras, en las ciudades periurbanas.
Entonces, cada departamento tiene una confluencia de estos delitos y son diferentes a los de Lima. En Lima podríamos ver el crimen organizado relacionado al tráfico de tierras, el crimen organizado para sostener el tráfico de drogas, el microtráfico de drogas, para colocarlo en plazas de consumo, el crimen organizado que extorsiona y secuestra víctimas y que tiene todo un aparato para identificar víctimas y demás, el crimen organizado que lava activos…Y si vamos a Puno, Madre de Dios, podemos incluir ahí minería ilegal, trata de personas, contrabando… Si vamos a la frontera con Colombia y Brasil, de la misma manera.
Entonces, fuera de Lima la situación también es cruda y ha recrudecido debido a la ausencia de acciones que permitan trabajar otra vez de manera proactiva. Y solamente se le carga la atención a estos problemas a través de la justicia penal, a través de la atención caso por caso. Y se le echa la culpa al Ministerio Público por liberar delincuentes y hay un problema de coordinación entre policía y Ministerio Público, o no hay unidades de policía e investigación en algunos lugares, o lo mismo en el Ministerio Público, no existen capacidades para investigar algunos delitos en algunas zonas del país… Entonces, la precariedad institucional con la que trabajan los operadores de seguridad y justicia es clara, es existente, es un hecho. Y eso le da un espacio a las organizaciones criminales para seguir actuando. Entonces ahí hay una debilidad que fomenta el crimen organizado.
A partir de estos números, ¿cómo interpretaría el fenómeno de la criminalidad en el país? ¿Qué tendencias o patrones emergen que expliquen la magnitud del problema?
Bueno, creo que, en primer lugar, la criminalidad usa hoy en día las tecnologías de la información, la mensajería instantánea, y utiliza ahora la inteligencia artificial para estafar y hay distintos tipos de delitos informáticos o ciberdelincuencia que también está afectando a muchas personas. Creo que la mensajería instantánea y la inteligencia artificial aparecen como elementos novedosos para que las organizaciones criminales sigan delinquiendo.
Se han abierto nuevos tráficos, como el tráfico de smartphones. Es algo que vengo trabajando en mi investigación doctoral y que la policía no ha sido organizada para lidiar con este problema aún, pero vemos que hay tráficos que se van volviendo más complejos incluso, porque antes robaban el celular y lo vendían, pero ahora roban el celular y extraen tus datos personales, se hacen pasar por ti para estafar a la gente, a tus familiares, utilizan tus fotos para extorsionarte, utilizan tus cuentas que están guardadas ahí para prestarse dinero, transfieren tu dinero de los aplicativos a cuentas receptoras… En fin, se ha vuelto mucho más complejo.
Entonces, creo que el fenómeno criminal ha podido identificar nichos o nuevos sectores económicos, nuevas víctimas, nuevos grupos de víctimas como bodegueros, odontólogos, barberos, transportistas… A los cuales viene violentando, amenazando, victimizando. Creo que también eso es algo muy característico de estos tiempos y sobre todo porque son delitos que se pueden cometer sin que estés en la calle. Son delitos como la extorsión o la ciberdelincuencia que se pueden cometer desde la comodidad del hogar del delincuente o donde se encuentre. Entonces creo que eso le ha planteado un desafío mayor a la policía y fiscalía de nuestros tiempos. Así también, como decía hace un rato, la debilidad institucional para darle recursos. Creo que uno de los problemas graves que tiene la Policía y el Ministerio Público es la gerencia de sus recursos, la gestión de sus recursos, demandar presupuesto y ejecutarlo en favor de sus profesionales, porque trabajan con equipos hardware y software, móviles, no tienen radios, todo desgastado, desfasado, no tienen computadoras, sus oficinas e instalaciones son precarias. .. Entonces eso no le da a la policía los elementos y también ellos tienen el argumento para decir que no se le da lo suficiente para poder cumplir su labor.
La debilidad institucional está no solo en Lima, también está en Lima, pero muchísimo más exacerbada en el interior del país y en las fronteras. Entonces sí, veo ahí una complejidad a unos rivalizantes del Estado que están dispersos, no se organizan de manera piramidal necesariamente, son redes que colaboran, se fusionan, se fisionan y tienen vínculos con operadores de seguridad y justicia a nivel local. Y en algunos casos, muy pocos casos, generan capital social con algunas comunidades, por ejemplo en el cultivo de hoja de coca, en el narcotráfico, pero el resto termina agotando, termina quitando, sustrayendo los pocos recursos que tiene.
¿Cuáles son las causas estructurales, institucionales e individuales que han contribuido al aumento de la criminalidad? ¿Cómo la interacción de estos factores influencian en el aumento de inseguridad que vivimos actualmente?
Creo que, bueno, las causas, ya un poco de esto vine hablando en la respuesta anterior… Podríamos decir que, como causas estructurales básicos, la educación, el empleo, la vivienda, fomentar ello, el desarrollo social… Es necesario para reducir desigualdades, y eso es el contexto macroestructural de la generación de redes criminales, pero no solamente ello lo explica. Así también está a nivel de cooperación internacional o de trabajo con otros estados el hecho de articular esfuerzos en lo mismo, y fortalecer fronteras y desarrollar económicamente nuestras fronteras también. Si hablamos también de crimen organizado y de bandas, organizaciones criminales como el Tren de Aragua, que son internacionales… Pero hace tres décadas teníamos a cárteles de la droga también. Entonces sí se necesita un trabajo regional. Así quieras bloquear celulares y luego los reclachean los celulares y los vuelven a activar en otro país. Se necesita un trabajo regional, y eso es algo institucional por parte del Estado que se tiene que fomentar. Pero sí también invertir en prevención, invertir en ocupar el rato libre de los niños, niñas. Invertir en reducir la violencia a través de la resolución de conflictos con los argumentos, con las ideas, fomentando una cultura de diálogo, de paz. Entonces, promover la legalidad, promover los circuitos legales para la obtención de bienes y servicios… Todo eso es institucional, sin duda alguna, y tiene que ver con un Estado fuerte, de hacer cumplir la norma. Y hacer cumplir la norma en el caso de la justicia penal, que la justicia va a llegar y podrías terminar sentenciado o privado de tu libertad. Si es que eso no se vuelve en algo concreto, entonces no hay una imagen de sanción para el delincuente.
Pero por el otro lado también hay que darle insumos para el desarrollo individual, con libertades y derechos asegurados. Eso es algo difícil por parte de los Estados, pero, otra vez, es inversión en crear ciudadanía. Una ciudadanía democrática, una ciudadanía que no usa la violencia y que resuelve problemas en conjunto. Y temas individuales, sin duda alguna. Hay muchas trayectorias criminales que vienen por temas familiares, redes, circuitos de amigos… Y eso también es abordable a través de la prevención. Es posible generar espacios de cuidado, generar espacios de desarrollo individual que permitan, a través de la salud, buenos hábitos, una educación con rigurosidad, con metodología, garantizar que los individuos puedan desenvolverse en un plano social, digamos, sin usar el crimen y la violencia. Pero no es suficiente esto, porque podrías tener todo ello y seguir teniendo delincuencia. Y eso es producto de que la delincuencia se va formando en otras latitudes del mundo y puede migrar, puede conectarse, puede desde allí victimizar a las personas. Entonces, sin duda, el problema es mucho más complejo y todos estos factores interactúan. Y cada delito, cada victimario, cada agresor, cada delincuente, tiene detrás explicaciones que no son las mismas.
Finalmente, ¿qué opinión te merece la respuesta actual del Estado, considerando el estado de emergencia declarado como “imperceptible” o la narrativa del MTC de que “el Perú no para”? ¿Y cuáles consideras que serían las medidas clave que el Estado debería implementar para enfrentar y revertir esta tendencia?
Bueno, la respuesta del Estado ha sido principalmente reactiva, fragmentada, con poca estrategia, sin inversión en prevención. Los estados de emergencia son imperceptibles, no se traducen necesariamente en un control territorial efectivo, ni inteligencia operativa. Los militares solo están como vigilantes en algunas esquinas y se suspenden derechos y libertades. Y ya se han evaluado los últimos estados de emergencia en Lima Metropolitana y El Callao, por otros colegas, y han encontrado que realmente no reduce la cantidad del crimen violento. Y si se reduce en algunos lugares, vuelve cuando ya el estado de emergencia termina. Y esto es porque no se están abordando las causas estructurales de la violencia, o institucionales también. O que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones diga que el Perú no para… Pues hay regiones paralizadas. Hay sectores económicos, giros de negocios, empresarios, microempresarios, emprendedores que están paralizados por el miedo. Entonces, es una desconexión con la realidad. Hay que recuperar el control del territorio a través de labores de inteligencia, de la policía, de las Fuerzas Armadas, en algunos casos que son bien álgidos… Fomentar el trabajo articulado policía, fiscalía, operadores telefónicos y agencias financieras para el caso de extorsión. Invertir en prevención con los gobiernos locales, prevención policial que se pueda hacer con la policía comunitaria o prevención con las escuelas, con los centros deportivos. .. Eso creo que es lo necesario, y también la parte criminalística. Generar laboratorios, invertir en laboratorios… Y eso también los gobiernos regionales lo pueden hacer, que puedan incluir diferentes tipos de registros para que la labor forense sostenga una evidencia rotunda y se pueda inculpar al agresor o delincuente.