Desde la capital, el dengue es una enfermedad que suele asociarse a espacios rurales, empobrecidos y distantes, en los que cada año se registran miles de casos y algunas muertes por las que pocos reclaman. La ausencia de un debate sobre la real eficacia de la aplicación repetida de las medidas recomendadas por las agencias globales desde hace varias décadas, nos hace pensar que este escenario se ha naturalizado.
Estudios recientes demuestran que, hoy en día, esta enfermedad ha trascendido sus espacios habituales generando que, como ya lo advirtió la OMS, la mitad de la población mundial esté en riesgo de contraerla. Factores como el cambio climático han impulsado su expansión, por lo que en la actualidad es posible detectar casos en poblaciones de diferentes niveles socioeconómicos tanto de áreas rurales como urbanas.
En nuestro país, sólo en este año, ya se han reportado 16 mil casos y 28 defunciones (CDC-MINSA [1]), siendo la Amazonía, con cerca de 80% del total de casos, la región más afectada. Diferentes medios coinciden en que la pandemia del COVID-19, ha distraído la atención que amerita esta enfermedad. Pese a ser una epidemia conocida desde hace mucho, de manera sorprendente, no se cuenta con una vacuna y tampoco existe una medicación específica para el tratamiento, por lo que el manejo de casos febriles desde la atención primaria de la salud resulta fundamental. Las personas con condiciones médicas preexistentes o sistemas inmunológicos debilitados son los que presentan más riesgo. La falta de agua y conformación desordenada de los asentamientos urbanos es otro de los factores centrales que facilita la reproducción del mosquito que la transmite. Por ello, la mayor proporción de las muertes corresponden a zonas con servicios básicos y de salud precarios, y a personas con un estado de salud frágil de entornos en los que el dengue es una epidemia más entre otras.
Frente a este escenario ¿qué acciones ha tomado el Estado? A inicios de febrero se decretó la emergencia sanitaria por 90 días en las regiones Madre de Dios, San Martín y Loreto por 4 millones de soles para el reforzamiento de las acciones de control. Esta es una medida que se ha tomado en anteriores ocasiones para el mismo tema. Siguiendo las pautas internacionales, la estrategia principal se centra en el control del vector a partir de la eliminación de desechos, uso de larvicidas y la fumigación con insecticidas dentro de las viviendas. Sin embargo, existe evidencia que indica que su uso indiscriminado ha contribuido en numerosos lugares a la resistencia en el mosquito, por lo que puede terminar siendo una acción totalmente ineficaz y que solo contribuye al daño medioambiental y de las familias que son foco de estas acciones.
Esto hace que muchas personas en las zonas afectadas, se presenten renuentes a abrir sus puertas para su despliegue, lo cual suele ser interpretado erróneamente por las autoridades como una irresponsabilidad o falta de interés en el cuidado de su salud. Personalmente, tuve la experiencia de acompañar de cerca este problema en la epidemia del 2015 en el norte del país y comprobar la importancia de escuchar a estas familias. [2]
En ese sentido, es necesario que las autoridades evalúen la pertinencia de insistir en este tipo de acciones en detrimento de los otros aspectos mencionados, más aún en lugares como Tambopata (el que presenta más casos en la actualidad), ya bastante golpeado a causa de la deforestación y contaminación por metales pesados, tal como puede darse en otras de las zonas afectadas de la Amazonía.
[2] Palma-Pinedo H, Cabrera R, Yagui-Moscoso M. Factores detrás de la renuencia al control vectorial del dengue en tres distritos del norte del Perú. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2016;33(1):13-20.
