Noticias | 21 agosto, 2025
La memoria, la justicia, la verdad no se enmarrocan con una ley
No es esta la primera ley que intenta dar amnistía a miembros de las fuerzas armadas y la policía que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el periodo del conflicto armado interno en el Perú. El 14 de junio de 1995, el entonces Congreso de la República promulgó la Ley 26479 concediendo amnistía general al personal militar, policial o civil por delitos (caracterizados como “comunes”) en su lucha contra el terrorismo desde mayo de 1980 hasta el 14 de junio de 1995. Esta ley era precedida por otra (Ley 26492), luego derogadas.
En el 2005 hubo intentos de restitución de esta ley en el Congreso. En el 2005 un congresista propuso restituir la ley; en el 2010 durante el segundo gobierno de Alan García, de nuevo hubo otro momento mediante el DL 1097 con el mismo propósito. En el 2020 hubo un intento de prescribir crímenes perpetrados hasta el 2003. En el 2024 nuevamente, se emite la Ley 32107 que prescribe delitos de lesa humanidad hasta el 2002. Hubo inaplicabilidad de esta norma por jueces que la consideraron violatoria de tratados internacionales firmados por el Estado peruano. Así es como llegamos a la Ley 32419 promulgada (y celebrada) en Palacio de Gobierno por la presidenta Dina Boluarte y a la que se invitaron a representantes de las Fuerzas Armadas y la Policía entre quienes figuraron miembros del grupo Colina.
Es peculiar que cuando se mira en retrospectiva esta seguidilla de leyes inconstitucionales se cruzan los mismos personajes y partidos políticos con las mismas intenciones de impunidad. ¿A quiénes protege la impunidad? Otorgar impunidad es asumir una posición de repliegue del Estado de derecho y colocar al país al lado de aquellos más dictatoriales y autoritarios. Es dejar actuar al crimen y asumir que este no solo es permitido, sino celebrado. No es gratuito que la presidenta se salude efusivamente con un condenado por crímenes de lesa humanidad, ella misma carga con sus propios muertos. Buscan la prescripción de crímenes que, en realidad, siempre quedan como llagas abiertas.
Pero, esto no es solamente un asunto de denegación de la justicia penal, lo que ya es bastante grave en sí mismo. También es un acto de “negacionismo” y un gesto que busca suprimir la memoria de las víctimas. El dolor de las personas no se olvida, la memoria no se detiene ante la ley. Tampoco la búsqueda de justicia y verdad. Al contrario, estos intentos de vulneración del derecho de las personas por la verdad y la justicia solo refuerzan la vitalidad e importancia que se le asigna a estas y a la memoria.
Estas leyes son intentos de doblegar a las víctimas. No bastó eliminarlas. Ahora se quiere restringir su derecho a la verdad y a la justicia. Mucho se ha escrito sobre las formas cómo se busca instalar otra narrativa histórica sobre los hechos ocurridos entre 1980 y el año 2000, pero también es importante recoger cómo en esos momentos, la resistencia tuvo lugar de forma simbólica, artística, abriéndose paso en cortes y tribunales internacionales y bajo el manto y amparo de algunos jueces y fiscales que conmovidos por las atrocidades cometidas siguieron.
Cabe recordar como los cuerpos recuperados en el cuartel Cabitos en Ayacucho y el juicio en 2017, permitieron probar lo que ya decía el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003) y lo que habían denunciado Angélica Mendoza, Adelina García y tantas otras madres ayacuchanas desde mediados de la década de 1980: que hubo un uso sistemático de la fuerza y violencia por miembros de las fuerzas armadas y que sí existió un horno crematorio para desaparecer los cuerpos de las víctimas. Es decir, hubo intento de borraduras totales, pero los pocos restos humanos exhumados, años después, confirmaron la atrocidad de los crímenes y la responsabilidad de quienes los cometieron. La cara se volteó.
Lejos de la vergüenza, está el cinismo de la celebración en Palacio. Esta nueva ley sabe a venganza y no a justicia, quizás sea ese el sabor compartido entre los asistentes el 13 de agosto de 2025. Lo cierto es que, como lo muestra la historia, los cargos como las leyes pasan y se desvanecen. Pero las memorias permanecen como huellas imborrables y a lo largo del tiempo se nutren de nuevos elementos.
